28 de Abril 2008. aquí >>
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de publicar el Informe “Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo económico”, en donde enfatiza que si los países latinoamericanos, incluyendo a la República Dominicana, buscan desarrollar una competitividad dinámica basada en el conocimiento y la innovación en un contexto de propiedad intelectual rigurosa como el actual, deberán dar un salto en sus políticas de ciencia y tecnología para generar procesos y productos de mayor valor agregado, ascender en la escala tecnológica y mejorar el ingreso de los trabajadores. El Informe asegura que se requieren políticas públicas activas en ciencia y tecnología para aprovechar el creciente mercado mundial y abrir sendas de desarrollo de largo plazo.

En el Estudio se señala que entre 2000-2004 la República Dominicana solamente invirtió US$10 millones de dólares en Investigación y Desarrollo (I+D), cuando países de la región invertían montos muy superiores, por ejemplo: Chile (US$500 millones); Colombia (US$161 millones); Costa Rica (US$52 millones); Venezuela (US$384 millones); y Panamá (US$44 millones).

También se destaca que en la República Dominicana las TICs experimentaron una expansión significativa entre 2000-2005, destacándose el aumento de teléfonos móviles (incremento de más del 400%), y en la cantidad de computadoras y usuarios de Internet (incremento de más del 200% cada uno). Sin embargo, la calidad de los centros de investigación y el registro de patentes sigue estando muy por debajo del promedio de la región.

La CEPAL recomienda políticas dirigidas a modificar los incentivos del mercado que tengan que ver con medidas fiscales y financieras. Las primeras incluyen financiamiento público de proyectos de investigación, proyectos conjuntos entre el sector público y el privado y uso de las compras del sector público para inducir la innovación. Las segundas son políticas crediticias, de capital de riesgo y otras. Algunos ejemplos son: 1) políticas dirigidas a la difusión de la tecnología (especialmente relevante para los países que no crean tecnología sino que la adaptan); 2) políticas dirigidas al desarrollo de recursos humanos; 3) producción directa de conocimiento científico y tecnológico mediante investigación y desarrollo financiada por el gobierno en universidades públicas e institutos de investigación; 4) iniciativas en las que el gobierno tiene un papel especial de organización y convocatoria, como la promoción y creación de clusters de empresas innovadoras; 5) políticas relacionadas con las regulaciones y el establecimiento de estándares.

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